Nueva clausura a Compadres del Horizonte

Ocurrió el domingo 11 de enero a la madrugada, cuando inspectores de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron en la Casa y labraron un acta en la que se los acusaba de violar una clausura y realizar actividades comerciales.

En el momento en que los inspectores de la Agencia de Control Gubernamental (AGC) ingresaron a la Casa de Cultura había 10 compañeros y compañeras reunidxs escuchando la radio. Esto bastó para que esos inspectores labraran, bajo la consigna «nosotros debemos informar», un acta en la que se los acusa de violar una clausura y realizar actividades comerciales.

Esto sucedió a pesar de la aprobación de la Ley de Centros Culturales en la Legislatura porteña. De todos modos, la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte no es una excepción, la AGC ya clausuró veinte centros.

Según explicaron a través de un comunicado desde Compadres del Horizonte recientemente fue aprobada una ley de habilitación de centros culturales, impulsada con esfuerzo de muchos espacios artísticos. Esta ley modifica el actual código de habilitaciones y deja a todos los espacios culturales (tanto los artísticos como los que realizan actividades sociales), dentro de la órbita de la AGC: “ente al cual el poder policial le otorga la impunidad de hacer y deshacer a su antojo, y que en su accionar cotidiano no es más que un mecanismo recaudatorio y de control poblacional, además de los frecuentes casos de corrupción. Esta ley habla únicamente de lo que las organizaciones debemos cumplir, sin hacer ninguna mención al deber del Estado, es decir, a las responsabilidades de los gobiernos”.

En este sentido, remarcaron su exigencia de una ley de reconocimiento y fomento: “Muchos espacios sociales y políticos de cultura popular están hoy clausurados. Algunos ejemplos son la Casa Popular Joselito Bembé, El Centro Cultural La Casa de Teresa, o el Centro Cultural Víctor Jara. El estado tiene el deber de garantizar la actividad cultural de toda la población, no la que los gobiernos dispongan, sino la actividad que el pueblo proponga, porque la cultura es un derecho humano y constitucional. Es por esa razón que se hace urgente una ley de protección a la cultura popular, que fomente los espacios de participación de la juventud en lugar de cerrarlos, y que arbitre todos los medios necesarios para su desarrollo”.