La Alameda y el MTE marchan a la Jefatura de la Policía

El miércoles 11 de agosto la Alameda y el MTE marchan a la Jefatura de la Policía a reclamar a Nestor Valleca que pase a disponibilidad a los miembros de la División de Trata y que se cese la persecusión a la denunciante Nancy Miño a la que se la expulsó de la fuerza y no se le paga el salario.

Mientras en el Congreso se debate en Diputados modificaciones al Código Penal y a la ley de Trata ante el crecimiento de este delito que ya afecta a más de medio millón de personas en la Argentina, una de las causas judiciales que explica con más detalles el funcionamiento sistémico y centralizado de la mafia, permanece congelada, mientras su denunciante sufre represalias laborales y salariales y no cuenta con asistencia, ni protección alguna por parte del Estado a excepción de un policía de provincia en la puerta de su casa.

El 13 de mayo Nancy Miño destapó ante el juzgado federal de Ariel Lijo el funcionamiento mafioso y coimero de la División de Trata de Personas de la Policía Federal, dirigida por el comisario Jorge Omar Fernández. En tres ocasiones y durante más de 20 horas aportó su testimonio, documentación, fotos y copias de causas judiciales en las que demostró que la División de Trata de Personas de la Policía Federal funciona como una asociación ilícita dedicada a coimear y/o regentear prostíbulos; fraguar pruebas ante los juzgados; plantar pruebas con el objeto de incriminar y extorsionar; permitir funcionamiento de prostíbulos o redes de trata a cambio de dinero, etc.

Lo que muchos sospechábamos, es decir, que el órgano supuestamente especializado en combatir la trata en la policía en realidad hacía lo contrario, Nancy Miño lo confirmó y le puso nombres y apellidos: Jorge Omar Fernández; Rodolfo Arregez; Marcelo Fabián Acosta; Luis Alberto Rojas; Claudio Gabriel López; Fabián Edgardo Palmieri; Walter Alejandro Lobera; Manuel Alejandro Dacosta; Héctor Andrés Machado; Daniel Mariano Dulic; Ojeda Mercado; Flavio Souza son algunos de los funcionarios acusados judicialmente por Miño de ser cómplices de una red que encubriría la trata y el proxenetismo y se beneficiaría económicamente mediante las coimas.

Siendo personal administrativo, Miño fue degradada y obligada a realizar tareas de inteligencia y de seguridad dentro de redes de trata e incluso fue coaccionada por sus superiores a ejercer transitoriamente la prostitución. Incluso se le ofreció dentro de la fuerza regentear prostíbulos bajo control directo de la Federal. Cuando advirtió que las pruebas que ella obtenía, lejos de judicializarse, eran usadas para coimear tratantes y proxenetas y cuando se negó a plantar menores en un prostíbulo de Pompeya, Nancy Miño fue pasando de dependencia en dependencia y sufriendo amenazas que la convencieron que su vida estaba en serio peligro. Allí fue cuando se animó a realizar las denuncias.

La denuncia de Nancy Miño fue cubierta por toda la prensa gráfica, radial y televisiva sin excepción. Más de una docena de diputados respaldaron su denuncia y reclamaron formalmente la interpelación al Jefe de Policía. El Cardenal Bergoglio respaldó personalmente a la denunciante. Pocos días después de sus primeros testimonios, el Juez Federal Lijo allanó las dependencias de la División de Trata de Personas de la Federal. Durante dos meses fue custodiada por Gendarmería y luego Prefectura en la sede de la Alameda.