Rechazo legislativo a la actividad de Uber

La Legislatura porteña manifestó, con un amplio consenso de los diputados, “su rechazo a cualquier actividad de transporte oneroso de personas que realice la empresa Uber BV o Uber Technoplogies Inc. o cualquier nombre afín, por la falta de adecuación a las normas legales existentes”.

La declaración, inicialmente propuesta por el diputado Claudio Palmeyro y cuyo texto fue consensuado con otros bloques, recibió el apoyo de 50 legisladores y 5 abstenciones de la bancada Suma+, que anunció la futura presentación de un proyecto de ley sobre el tema.

De esta manera, los representantes del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se opusieron a la puesta en funcionamiento de un sistema de transporte que tanto el gobierno como un fallo judicial consideraron ilegales en el ámbito metropolitano.

Uber es una empresa fundada en 2009 en California (Estados Unidos) y expandida a otras naciones, que genera y organiza, a través de un software, sistemas de transporte privado poniendo en contacto a automovilistas particulares con eventuales pasajeros, utilizando para ese fin la tecnología de internet, las redes sociales y los teléfonos móviles. Los expertos en nuevas tecnologías consideran a Uber como una de las más exitosas “startup” (organización de negocios basada en innovaciones tecnológicas), pero su presencia es controvertida en muchos países y ciudades donde su actividad es considerada ilegal o clandestina.

El legislador Palmeyro dijo que esa empresa “pretende funcionar pasando por arriba de los tres poderes” y actúa como si dijera “Yo soy la nueva tecnología y entonces ni me voy a inscribir en la Afip, ni voy a pagar ningún impuesto ni voy a respetar la ley”. Recordó, además, que “hubo muchos años de lucha para lograr que la totalidad de los taxistas trabajen en blanco, tengan cobertura y cumplan con sus obligaciones, como lo hace hoy la totalidad de ese gremio”.

Daniel Presti sostuvo que Uber “no cumple ninguna normativa vigente en la Ciudad y no encuadra en el Código de Tránsito y Transporte ni en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”. Por eso, su compañera de bancada Cristina García aseveró: “No podemos permitir de Uber ni de ninguna empresa que actúe sin habilitación y violando la ley”.

Carlos Tomada criticó “la desregulación laboral y el caso de Uber es el extremo y debe servir para ponernos en alerta”, advirtió. “No tiene autorización para funcionar como prestataria del servicio del transporte ni quienes realizan los viajes y pretende competir sin pagar impuestos ni contribuciones sociales y ni siquiera está inscripta en la Afip. Es una empresa internacional con gran poder de lobby que se propone operar por afuera de la legislación argentina”, abundó Tomada.

Hernán Rossi explicó por qué su bloque se abstenía de votar la declaración. Opinó que “la Legislatura más que rechazar debería estudiar el fondo de la cuestión sobre este servicio para el caso de tener que legislar al respecto”. Por eso anticipó la inminente presentación de un proyecto de ley para regular este nuevo tipo de servicios de transporte.

Fernando Vilardo, Patricio del Corro y Marcelo Ramal refutaron a Uber por “no invertir y explotar mano de obra”, por aplicar “otra forma de precarización y tercerización laboral” y por “incentivar la explotación de los trabajadores”.

Para Javier Gentilini “la empresa pretende prestar un servicio cercano a la remisería y arrancaron igual pese a que se les advirtió que no era legal. Aplican la ley de la selva por ser un mastodonte internacional”, comentó. Reclamó “que el Ejecutivo sea contundente en el resguardo de los marcos regulatorios del transporte y haga cumplir la ley, como corresponde”.

Gustavo Vera enfatizó que “las nuevas tecnologías nunca deben estar por encima de las fuentes de trabajo”, mientras que Adrián Camps señaló que “esta empresa viene a ofrecer trabajo informal, es decir algo inferior a lo que hoy se ofrece en la Ciudad en materia de transporte”.

Roy Cortina, por su parte, indicó que “hay que avanzar en la regulación del tema como lo plantea el fallo de la justicia, entendiendo que son fenómenos de la economía global y el avance tecnológico. No alcanza con decir rechazamos esto y prohibirlo”, expresó.