Nuevo régimen de permisos de trabajos o roturas de las veredas

El proyecto de ley pretende crear un nuevo régimen para la gestión, administración y fiscalización de permisos de aperturas y/o roturas en la vía pública es sustitutivo del instaurado por la Ley N° 2.634.

Actualmente la actividad que desarrollan las empresas autorizadas para la apertura en la vía pública repercute de forma significativa en el bienestar de la población, incidiendo negativamente ante el supuesto de cierres defectuosos o mal ejecutados entorpeciendo tanto el tránsito vehicular como peatonal. Este es uno de los motivos por los cuales el Ejecutivo propone agilizar la dinámica en la obtención de permisos, así como actualizar el registro existente; lo que permitirá incrementar la eficiencia en la ejecución de las obras, su fiscalización, la actualización de la información relativa al subsuelo, y la prevención del alto índice de siniestralidad que deviene de los cierres defectuosos.

En los fundamentos de la iniciativa se asegura que «el profuso número de incumplimientos al régimen de aperturas vigente ha dado origen a un sinfín de reclamos ante la Administración Pública por parte de los transeúntes, constituyendo además causal de accidentes en repetidas ocasiones. En este sentido, mediante la sanción del proyecto de ley que se propugna, se busca reducir los infortunios en la vía pública y mitigar el alto volumen de litigiosidad que aquellos acarrean».

Y agregan: «Por otro lado, el régimen actual establece la obligatoriedad de los inscriptos en el Registro de Permisionarios a constituir garantía suficiente en efectivo como requisito para poder realizar obras en vía pública para la eventualidad de un cierre defectuoso, lo cual, teniendo en cuenta los altos montos exigidos, resulta de difícil cumplimiento y antieconómico para los permisionarios. Es por ello que el régimen que se propone dispone la obligatoriedad de garantizar los trabajos genéricamente, permitiendo a la Administración, por la vía reglamentaria, prever nuevos mecanismos o instrumentos que sean de fácil implementación para los solicitantes y que permitan perseguir con mayor eficacia el cobro de los gastos en los que pudiera incurrir la Administración ante el incumplimiento de la obligación de cierre o cuando aquel resultase defectuoso».

Además, se persigue generar mayor coordinación entre las diferentes entidades involucradas, tanto públicas como privadas, para que no se realicen aperturas innecesarias en la misma locación en ocasiones sucesivas y reiteradas.

Propone implementar una nueva categoría de permisos que posibilitará abarcar situaciones que en la actualidad son reportadas como emergencia por parte de las empresas de servicios públicos cuando técnicamente no lo son.

«En otro orden de ideas, -explica- dado que es una responsabilidad ineludible del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigilar el perfecto estado de conservación y transitabilidad de las calzadas y veredas afectadas por las obras señaladas, se establece la facultad de crear un régimen de evaluación qre contemple los incumplimientos que se originen en razón de la realización de obras de aperturas y/o roturas en la vía pública por parte de los contratistas a quienes se les encomiende su ejecución con el fin de desalentar este tipo de conductas. En aras de ello también se crea el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP), de modo que los sujetos no comprendidos en éste —sea por no haber cumplimentado los requisitos para su inclusión o por haber sido excluidos en virtud de algún incumplimiento— no se encontrarán habilitados para solicitar el mentado permiso de aperturas en el espacio público».

«De igual manera y a los fines de avanzar acorde con un criterio de unicidad y coordinación entre el Gobierno de la Ciudad y las empresas prestatarias de servicios públicos u otros sujetos que soliciten permisos, se instaura la obligatoriedad de estas últimas de presentar SUs planes de obra ante la Administración», concluye la argumentación