Clausuran las aulas container porque un rector sufrió descargas eléctricas

La justicia también dispuso una multa diaria de 27.850 pesos para el ministro Esteban Bullrich. Un fallo ya había prohibido destinar esos módulos a los alumnos, pero tras el episodio, dejaron allí a los chicos de un taller de huerta.

El juez del fuero Contencioso Administrativo Roberto Andrés Gallardo dispuso ayer clausurar las aulas modulares de la escuela Lengüitas, después de que el ex rector denunciara haber sufrido allí dos descargas eléctricas, y resolvió aplicar una multa diaria de 27.850 pesos para el ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, por incumplir órdenes judiciales.

La medida se basa en una presentación del Ministerio Público Tutelar, en la que la asesora Mabel López Oliva denunció que Horacio Badaracco, ex rector de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas «Sofía Bronquen de Spangenberg», del barrio porteño de Palermo, sufrió «una electrocución en una de las aulas containers, y que, sin embargo, con posterioridad a ese hecho, el aula container fue utilizada para impartir un taller de huerta con alumnos del colegio».

Así lo indica el fallo de Gallardo, quien a fines de febrero, a partir de la denuncia de un grupo de padres, ya había prohibido en esa escuela utilizar las aulas modulares para albergar alumnos de cualquier nivel por tratarse de «containers o módulos metálicos, de medidas extremadamente reducidas (aproximadamente 2 por 4 metros), con una puerta de acceso y una sola ventana pequeña».

Después de aquella decisión, Gallardo fue recusado y la causa pasó al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº23. La Cámara rechazó el planteo recusatorio y la causa volvió a manos del mismo magistrado.

Unos 120 alumnos se agregaron a la matrícula del presente ciclo lectivo del Lengüitas, a partir de la fallida inscripción online, lo que demanda una adecuación edilicia aún no satisfecha.

El jueves pasado, basado en las actas labradas por padres y autoridades de la escuela, el Ministerio Público Tutelar denunció lo ocurrido con Badaracco, quien días después dejó su cargo, porque se jubiló, lo cual a Gallardo le resulta «sugestivo». El 19 de abril, el entonces rector recibió dos descargas eléctricas. «Era sábado. Habíamos ido con varios padres a hacer trabajo complementario.

Me acerqué a mirar, porque alguien me dijo que estaba encendido el aire acondicionado, lo que me llamó la atención, porque el aula no estaba en funcionamiento. Me apoyé en la ventana para mirar hacia adentro y recibí la primera descarga, que para mí fue suave».

Ese mismo día, personal de la firma Las Cortes SRL se acercó al edificio. En presencia de ellos, Badaracco ingresó al aula y recibió la segunda descarga. Unos días más tarde, desde la empresa le aseguraron que habían conseguido resolver el desperfecto eléctrico. Consultadas por el juez, las autoridades del colegio detallaron que para comunicarse con la empresa, radicada en Salta, deben llamar a un número de teléfono celular con prefijo de esa provincia, y que desconocen la existencia de una sede o contacto de la firma en la Ciudad de Buenos Aires.

Un padre de la escuela, aseguró que hace algunas semanas, tras lo ocurrido con Badaracco, «un miércoles de lluvia, metieron a los chicos del taller de huerta adentro de uno de esos containers, momentáneamente, lo cual es grave».

Al día siguiente de la denuncia, el juez solicitó un relevamiento técnico a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. Al contrario de lo que había dicho la empresa salteña, la División Siniestros verificó que todavía había «irregularidades en la instalación eléctrica de las dos estructuras containers instaladas en el patio de la escuela»: los cables subterráneos de alimentación no cumplían con los requisitos de seguridad exigidos; y los disyuntores instalados no poseían descarga a tierra. Ante el riesgo, los funcionarios policiales actuantes consultaron con Gallardo y luego cortaron el suministro eléctrico de los containers.

Ayer, previo a su fallo, el juez realizó una inspección ocular en la escuela junto a la asesora tutelar. Las autoridades del Lengüitas les dieron detalles de las obras que no están finalizadas en el edificio y los problemas que tuvieron a partir de la ampliación de la matrícula de este año por las desinteligencias en la inscripción online.

La asesora López Oliva solicitó entonces una serie de medidas para proteger la integridad física de alumnos y docentes, y le dijo a este diario que sintió «una enorme sorpresa» al enterarse de lo ocurrido con los módulos metálicos. «El gobierno de la Ciudad perdió tiempo en recusar al juez en lugar de determinar la adecuación de esta escuela, que siempre fue un ejemplo. Había que adaptar el lugar a los 120 nuevos alumnos, que tuvieron que ser admitidos este año por fuera de la matrícula a raíz de la desidia que hubo en el sistema de inscripción online.» Además, López Oliva mostró preocupación porque «se creía que las aulas eran transitorias, pero el representante legal del ministerio informó que estaban pensadas con fines estructurales», lo cual, cree la asesora, podría repetirse en otras escuelas.

Otro dato del fallo, que el juez emitió ayer a última hora, es que las aulas metálicas no poseen pararrayos y se encuentran emplazadas a 30 centímetros del cerco perimetral de la escuela, «generando un espacio hueco entre este y la pared posterior del módulo, en el que, según informó la rectora del colegio, los alumnos ingresan durante los recreos, y quedan atascados debido a las estrechas dimensiones del lugar», lo cual también representa un riesgo.

La multa al ministro Bullrich, que ahora deberá «liquidarse» o «trabarse los embargos de rigor», tiene que ver con el incumplimiento del fallo que Gallardo había emitido el 20 de febrero, que no sólo prohibía usar las aulas modulares del Lengüitas para actividades con alumnos sino también dejar dichas aulas en el patio del colegio, donde los chicos realizan actividades deportivas y de esparcimiento.

La cifra de 27.850 pesos es el resultado del apercibimiento que Gallardo había dispuesto entonces de diez pesos por alumno por cada día que se demoraran las obras de refuncionalización, a partir del comienzo de clases, el 5 de marzo. El magistrado también lo sanciona porque observó que hay sectores que se utilizan sin habilitación de Bomberos, y advirtió que las autoridades porteñas no presentaron la documentación por él requerida, relativa a la compra, locación o tenencia de los containers.