La Boca
Según lo resolvió el máximo tribunal con la firma de todos sus miembros, a la audiencia, prevista para las 10 en el Palacio de Justicia, Talcahuano 550, de esta capital, fueron citadas la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y los estados nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.
Hace algo más de un mes la Corte exigió a la Acumar que, con datos actualizados al 30 de septiembre de 2016, le informara los trabajos efectuados para el saneamiento de la cuenca hídrica.
La Corte quiere evaluar el “grado de avance” de los mandatos que, en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, impartió en la sentencia dictada en julio de 2008.
Días atrás la Corte exhortó al Congreso Nacional a que, “en un plazo razonable”, designe al Defensor del Pueblo de la Nación, para que cumpla la “relevante” función que se le asignó en la causa sobre el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.
La Corte recordó que ese cargo está vacante desde hace casi tres años y que es el Congreso el que debe nombrar al titular del organismo.
El último defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, renunció en diciembre de 2013 y, desde entonces, el cargo “pese al tiempo transcurrido se encuentra vacante” porque el Congreso “no ha nombrado a su reemplazante”, expuso la Corte.
Una encuesta realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2010 da cuenta que de los 973.196 hogares –unos 7.000.000 de habitantes- de la cuenca hídrica, la mitad padece alguna situación ambiental de riesgo, como deficiencias en el abastecimiento de agua, cloacas o disposición de residuos.
En agosto de este año, el director ejecutivo de Acumar, Julio Torti, dijo a Télam que más de 13.000 familias todavía vivían en zonas con riesgo ambiental para su salud y que aún esperaban ser relocalizadas.
“La relocalización de las 17.771 familias censadas es uno de los objetivos impuestos en la manda de la Corte; hasta el año pasado se habían trasladado poco más de 3.000 y hace unos días el presidente Macri firmó el financiamiento para completar el traslado de otras 3.500 en un plazo de 18 meses. Muchas familias aún no quieren mudarse y este es un trabajo que nuestro equipo social deberá ir trabajando caso por caso”, dijo Torti.
Acumar presentó públicamente el último Plan Integral de Saneamiento (PISA) a mediados de septiembre último en el Centro Metropolitano de Diseño ubicado en Barracas; en ese plan prevé la construcción de 4.000 viviendas para relocalizar a familias afectadas por la contaminación del Riachuelo, así como la reactivación de obras para terminar con la contaminación.
Los vecinos que acudieron a la presentación, por su parte, exigieron que “se cumpla la manda judicial con respecto a la relocalización y que sea ajustado a derecho», había dicho a Télam en ese momento Mario Gómez, de la villa 21-24 y delegado de la manzana 29 afectado por la relocalización.
«Somos 1334 familias que conformamos este colectivo y queremos que esta relocalización respete la ciudadanía, la pertenencia», señaló y añadió que «estamos hace 6 años peleando, y esperamos que haya una actitud dinámica, no retórica, queremos hechos concretos”.
A su vez, Osvaldo, otro vecino del asentamiento De la Madrid, del barrio de La Boca dijo: «vemos con desagrado que en este plan seguimos siendo familias con número, sin identidad como barrio».
Añadió que «desde hace 8 años se viene incumpliendo el fallo de la Corte y todavía no se hizo nada, ni se está haciendo; por eso venimos a hacer oír nuestra voz como vecinos, reclamamos participación social».