Críticas a la reglamentación del aborto en la CABA

La legisladora porteña María Rachid afirmó que la resolución del gobierno porteño que establece los procedimientos para los abortos no punibles «obstaculiza el derecho de las mujeres».

Además, consideró que «viola importantes principios» determinados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La legisladora porteña María Rachid afirmó que la resolución del gobierno porteño que establece los procedimientos para los abortos no punibles «obstaculiza el derecho de las mujeres».

Además, consideró que «viola importantes principios» determinados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

«La Resolución 1252 sobre Protocolo de Aborto no Punible para el sector público de salud, emitida por el Ministro de Salud porteño, viola varios e importantes principios y acciones que estableció la Corte en el `fallo F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva´», afirma en un comunicado la legisladora por el Frente para la Victoria.

La legisladora sostuvo además que el protocolo «establece que en caso de que el embarazo implique un peligro para la vida o la salud de la mujer el Director del hospital debe confirmar el diagnóstico y la procedencia de la práctica» y que «ello viola lo dispuesto en el art. 86 del Código Penal, ya que requerir la autorización de más de un profesional de la salud es una exigencia adicional a la que establece la ley». «Es una carga desproporcionada que constituye un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego», remarcó.

Según Rachid «la resolución también establece que se debe constituir un equipo interdisciplinario para cada caso concreto». Al respecto, la justicia expresa que «estas cargas en los casos de mujeres violadas se traducen en procesos burocráticos dilatorios de la interrupción legal del embarazo y que constituye un acto de violencia institucional en los términos de la ley nacional de violencia de género N° 26.485».

El protocolo establecido por el Gobierno porteño, para adecuarse a lo establecido por un fallo de la Corte Suprema, despertó críticas de diversos sectores especializados en la cuestión. La Corte había exigido que no se obstaculice el derecho a abortar de las mujeres violadas o que estén sus vidas en riesgo.