Debate por los talleres textiles clandestinos en la ciudad

La red de talleres ilegales somete a miles de costureros -en su mayoría de nacionalidad boliviana- a jornadas laborales que pueden extenderse por 16 horas, incluidos los fines de semana, en espacios que van desde un pequeño lugar en el living de una casa hasta galpones con más de 50 máquinas, donde los trabajadores también viven y duermen, a veces con colchones en el piso y en ocasiones encerrados.

Frente a ello, en la última sesión legislativa se aprobó una declaración de preocupación ante «la existencia y proliferación de talleres clandestinos de confección textil en la Ciudad de Buenos Aires», a partir de un proyecto presentado por el diputado Diego García de García Vilas, del bloque Confianza Pública.

La propuesta, realizada en coautoría con los diputados Graciela Ocaña y Marcelo Depierro, se basa en un informe de Federico Delgado, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6. La investigación de Delgado incluye 170 domicilios denunciados por presunto funcionamiento de talleres clandestinos de confección de ropa, donde la actividad comercial se desarrolla bajo condiciones de trata de personas con fines de explotación laboral.

Estas residencias se ubican principalmente en los barrios de Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda. Los resultados del trabajo arrojaron que -en la muestra analizada- la proporción de talleres clandestinos supera a la de habilitados.

Además, da cuenta del reclutamiento de personas con fines de explotación, condiciones de hacinamiento, falta de registración, salarios exiguos comparados con la extensión de la jornada y falta de habilitación de los locales, entre otras irregularidades.

«Creemos que es muy importante que la Legislatura exprese su preocupación por la proliferación de talleres clandestinos. Pero también va a ser necesario rever la coordinación de las fuerzas encargadas de prevenir y controlar este delito, ligado a la trata de personas y a la explotación laboral», expresó García de García Vilas.

Por su parte, el diputado Gustavo Vera impulsó, desde la Fundación La Alameda, un paquete de iniciativas contra el trabajo esclavo bajo la campaña Ropa Limpia, que reúne a más de 20 marcas «que producen en talleres con condiciones dignas de trabajo y cuidando el medio ambiente, con el fin de desnaturalizar la explotación y fomentar la creación de un modelo productivo justo y sustentable para cada eslabón de la cadena de valor», informaron.

Los proyectos apuntan a crear una certificación libre de trabajo esclavo de la cadena de producción de las marcas de indumentaria, una auditoria de los proveedores del Estado y la conformación de un polo textil a partir de la reutilización social de maquinaria incautada a talleres textiles clandestinos. Vera aseguró que «no estamos presentando ideas que surgieron en un laboratorio», sino que «son el resultado de un proceso histórico».

Además, recordó lo ocurrido el 30 de marzo de 2006, cuando se incendió un taller textil en la calle Luis Viale de Caballito, donde murieron encerrados y calcinados seis trabajadores bajo condiciones de servidumbre y por el cual se inició hace días el juicio oral y público para condenar a los responsables.

En la Legislatura, semanas atrás, comenzó a funcionar una subcomisión de seguimiento de los talleres textiles que no forman parte del circuito legal, llamada «Talleres textiles en fraude a la Ley». «Este espacio se armó para realizar un seguimiento con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los trabajadores de los talleres textiles en la ciudad, donde se registra una taza de trabajo precarizado muy elevado y de difícil detección, por la clandestinidad de dichos galpones de producción», explicó el diputado Gabriel Fuks, a cargo del plenario.

Y solicitó: «Necesitamos que el Ejecutivo elabore un plan estratégico e integral en torno a esta problemática que afecta a los trabajadores que sufren en carne propia la explotación. Esta subcomisión se creó como garantía de aquellos que no tienen quién los ampare».

Al respecto, el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño estudia la creación de un «Centro de Confeccionistas», donde podrían instalarse empresas textiles para que desarrollen allí el 20 por ciento de su producción.

Según informaron fuentes de la cartera a Télam, la intención es situar el emprendimiento en el sur de la Ciudad y para ello existe en la actualidad una mesa de diálogo abierta con las empresas del sector textil para avanzar en la iniciativa oficial.