Delitos contra la salud: Cayo la “Banda de los alisadores”

La Policía de la Ciudad desarticuló una organización criminal dedicada a la producción y comercialización de productos capilares nocivos para la salud, en 3 allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires y en la localidad bonaerense de Temperley.

Personal de la División Delitos Tecnológicos Complejos llevó adelante una investigación sobre una banda que producía y ofrecía por redes sociales productos capilares no autorizados, en especial para alisados de cabellos.

El trabajo de los efectivos fue realizado con intervención de la ANMAT y de la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente (UFEMA), a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián y del Auxiliar Fiscal Ricardo Bomparola.

En las redes sociales, estos productos eran ofrecidos para el cuidado del cabello, aunque no estaban autorizados por ANMAT debido a su alto grado de peligrosidad.

La investigación determinó que estas sustancias se producían en dos domicilios del barrio San José de Temperley, en la provincia de Buenos Aires y en un inmueble ubicado en la Ciudad. Desde estos lugares se enviaban a todo el país.

Uno de los elementos químicos utilizados era el formol, el cual puede causar daños irreversibles en la salud si no se lo manipula con todas las medidas de precaución.

Fue así como el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Número 19, a cargo del doctor Riggi y el Juzgado de Garantías 6 de Lomas de Zamora libraron las órdenes de allanamiento para las tres sedes que tenía esta organización.

En los procedimientos, se confirmó que los domicilios funcionaban como laboratorio, showroom y local minorista. Se secuestraron grandes cantidades de bidones, frascos y envases con productos químicos y se identificaron a los integrantes de la organización criminal, los cuales fueron imputados por comercialización de sustancias medicinales y mercaderías peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo (artículo 201).

También por adulterar o falsificar de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas (artículo 200). Ambos delitos están tipificados en el Código Penal.