Este martes el juez Roberto Gallardo informó al Gobierno de la Ciudad y a la rectora del Lengüitas su decisión de hacer efectiva la remoción de los containers emplazados en el patio de la escuela el próximo jueves 12 de junio.
Luego de que el Gobierno de la Ciudad incumpliera la orden judicial dictada por Roberto Gallardo el pasado 19 de mayo, el magistrado ordenó a la Guardia de Auxilio porteña y a la empresa Las Cortes SRL retirar estas estructuras el próximo jueves. Asimismo exigió a las autoridades de la escuela que se impida el ingreso a los patios mientras se desarrollen las tareas de remoción.
La decisión del juez se produjo después de constatar que, ante una nueva inspección de bomberos, se mantenían las irregularidades en las instalaciones eléctricas de los containers ubicados en el patio de juegos de la escuela, con el consiguiente riesgo para los alumnos y el personal del establecimiento.
El Gobierno de la Ciudad manifestó su decisión de apelar la medida judicial, aunque el mismo martes por la noche debió realizar un vallado de seguridad alrededor de las estructuras modulares en cumplimiento de la orden del juez. Por su parte, desde fuentes judiciales aseguran que la apelación no tiene efectos suspensivos sobre la decisión de Gallardo y que los containers deben salir del establecimiento este mismo jueves.
En la resolución judicial también se ordenó a la rectora de la escuela, Liliana García Domínguez, que arbitre los medios necesarios para que el día jueves 12 de junio desde las 9 horas y hasta que finalicen las tareas de remoción, los alumnos y el personal del establecimiento no ingresen al patio del colegio de manera de resguardar su seguridad y su integridad física.
Gallardo ya había dictado una medida cautelar en el mes de febrero que establecía que los containers no podían ser utilizados como aulas por ser inadecuados. En el mes de mayo un grupo de padres y madres autoconvocados de la escuela se contactó con la Asesora Tutelar de Menores, Dra. Mabel López Oliva, para comunicar que el ex rector de la institución, Horacio Badaracco, había informado a la comunidad en una reunión que él mismo había recibido descargas eléctricas de la estructura de los containers.
Ante esta situación Oliva solicitó al juez una inspección en la que se detectaron irregularidades en las instalaciones eléctricas que representaban un riesgo para los niños, niñas y docentes que asisten a la institución. Como consecuencia, el 19 de mayo pasado Gallardo intimó al gobierno porteño a retirar los containers en un plazo de 10 días, medida que fue incumplida.
El 4 de junio pasado, vencido el primer plazo judicial, el Colectivo de Familias Autoconvocadas y Madres y Padres Lengüitas se presentó ante el juez para denunciar el incumplimiento del gobierno y pedir que se haga efectivo el apercibimiento de sacar los contenedores con el auxilio de la fuerza pública. Frente a esto, y ante la persistencia de la situación de riesgo, el ultimátum para los containers se definió para el jueves 12 de junio.