Hay que desguazar el paraguas político que protege a Jaime y a los Schoklender

A raíz de la anulación del juicio oral al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por recibir «dádivas», la Diputada y candidata PRO Laura Alonso presentó un proyecto de ley de imprescriptibilidad de las acciones penales, civiles y administrativas tendientes a esclarecer y sancionar a los responsables por actos ilícitos de corrupción y expresó: «Hay que desguazar el paraguas político que protege a Jaime y a los hermanos Schoklender. Si no cambiamos las reglas, los corruptos van a seguir todos libres”.

La Diputada explicó que el fundamento del proyecto es la eficacia de la política criminal, ya que además del daño patrimonial, está en juego la legitimidad del gobierno democrático. “Con los plazos de prescripción que rigen actualmente, se benefician aquellos funcionarios que -estando todavía en funciones-, gozan de la protección política del gobierno. Especialmente, en tiempos donde el poder político controla, amedrenta o presiona a muchos jueces. Después de dejar la función, puede ocurrir que gocen de la protección política del gobierno al que pertenecían o la que surge de pactos de impunidad entre grupos políticos», advirtió Alonso.

La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción se desprende del artículo 36 de la Constitución. Son todos aquellos que hayan atentado contra el orden institucional y el sistema democrático y que hayan puesto en peligro o causado un daño al patrimonio público. Se incluyen los delitos de cohecho y tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Además, la Diputada ya había presentado un proyecto de juicio por jurados populares para funcionarios implicados en casos de corrupción.

Al declararse nula la citación a juicio a Jaime, desaparece el acto que interrumpía la prescripción, ya que su defensa puede plantear que el caso caduca por el paso del tiempo debido a que la pena máxima del delito de recepción de dádivas es de dos años de prisión. En el caso de los hermanos Shcoklender, su desprocesamiento implica la vuelta del proceso a foja cero, lo que equivale ignorar 26 meses de investigación, retardando la administración de justicia y preparando el terreno para una posterior prescripción. “La denuncia judicial de la corrupción no alcanza. Los inefectivos resultados han sido muy frustrantes. Basta con mirar lo que pasó en los últimos 20 años: centenares de denuncias de corrupción murieron en la imprescriptibilidad. Muchos no fueron condenados porque las causas durmieron, no necesariamente por falta de pruebas. La clave es modificar reglas y plazos de los procedimientos judiciales y cambiar los incentivos. Mientras tengamos el mismo sistema que no condenó a nadie, va a ser difícil que empiece a hacerlo”, concluyó Alonso.