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Luego de los aumentos tarifarios en el servicio de electricidad, la Defensoría del Pueblo porteña recomendó la ampliación de “criterios para la inclusión de usuarios del servicio eléctrico en la tarifa social”, y propuso al ENRE que se realice “una mesa de trabajo” para evaluar la extensión de ese beneficio a diversos grupos sociales.
Por el momento, gozarán del beneficio social aquellos titulares del servicio que sean los beneficiarios de programas sociales; jubilados con haberes mensuales mínimos y trabajadores con remuneraciones mensuales brutas por un total menor o igual a dos salarios del Mínimo, Vital y Móvil.
También están excluidos los contribuyentes inscriptos en el Monotributo Social; empleados del servicio doméstico y personas que cobren Seguro de Desempleo.
Pero según la Defensoría, deberían quedar incluidos “los beneficiarios de pensiones; usuarios que no cuentan con redes de agua potable ni acceso a redes de gas”. Asimismo, los habitantes de los inmuebles que sean utilizados por más de una familia con “un único medidor”.
Para el organismo, “los jubilados y pensionado con ingresos superiores a dos haberes mínimos y que abonen alquiler por su vivienda tendrían que acceder al beneficio”.
Además, la Defensoría propone que la tarifa social contemple a usuarios que poseen ingresos familiares insuficientes como para afrontar el pago de un abono pleno y también a aquellos cuyas viviendas estén dedicadas a actividades de índole social como Comedores Comunitarios, Merenderos y Centros de Jubilados, entre otros.
La iniciativa propone que los discapacitados; las personas electrodependientes o con enfermedades crónicas que requieren un uso intensivo de electricidad no estén incluidos en la reestructuración tarifaria.