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La Justicia porteña frenó el llamado a licitación para la colocación de parquímetros en casi todos los barrios, a partir del amparo de una vecina.
El juez en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad, Francisco Ferrer, hizo lugar a la medida cautelar hasta tanto se resuelva si la decisión del Gobierno porteño es constitucional o no. Esto es lo que planteó la vecina Fernanda Leonor Martín, quien pidió ante la Justicia “la inconstitucionalidad de la ley 4888 que otorga en concesión el control del estacionamiento en diversas arterias de la Ciudad”. Además, reclamó una medida provisoria para interrumpir el proceso licitatorio.
La norma, que crea el “Sistema de Estacionamiento Regulado”, permitiría que el ganador de la licitación cobre una tarifa por el estacionamiento y realice la remoción de los vehículos que no cumplan con el pago.
La demandante comparó esta medida con la “privatización” de las calles. “Los bienes públicos que actualmente son de utilidad gratuita de los ciudadanos pasarían a convertirse en bienes de utilización onerosa, lo que equivale a una virtual privatización”.
Con este argumento, el juez Ferrer frenó la licitación del servicio. Según el magistrado, la cautelar regirá “hasta que recaiga sentencia definitiva o, en su caso, se acredite el cumplimiento del procedimiento de doble lectura previo a la sanción de la ley que pretenda introducir modificaciones sobre el Sistema de Estacionamiento Regulado”.
La iniciativa original del Gobierno porteño era instalar parquímetros en el 45 por ciento de las 24 mil cuadras que tiene la Capital Federal, donde habrá tarifas diferenciadas según la zona, descuentos para los residentes y controles con grúa en todos los barrios. Además, el sistema se podrá pagar a través de teléfonos celulares, SUBE, Monedero y con tarjetas de crédito y débito.