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La Cámara Federal confirmó ayer que Mauricio Macri no irá a juicio por la causa de las escuchas ilegales. Al menos, no por ahora. Los jueces de la Sala I, Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, confirmaron, por unanimidad, el fallo que había dictado Sebastián Casanello, sucesor de Norberto Oyarbide en este expediente, y sostuvieron que quedan pruebas por producir antes de decidir si el jefe de gobierno porteño debe enfrentar o no un tribunal oral.
Macri, no obstante, sigue procesado. Los jueces que ayer convalidaron la nulidad del cierre de la instrucción de la causa en su contra son los mismos que habían ratificado, hace cuatro años, el duro procesamiento firmado por Oyarbide.
Entonces, dijeron que «el jefe de gobierno conoció y prestó su consentimiento para instalar, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido». Desde entonces, Macri está procesado por asociación ilícita, falsedad de documento público, interceptación de llamadas telefónicas y abuso de autoridad, en un fallo confirmado por estos jueces.
En su sentencia de ayer, los camaristas recordaron que habían dictado aquel fallo, pero se apoyaron en que, en esa misma resolución, le habían ordenado a Oyarbide que antes de elevar la causa a juicio hiciera algunas medidas de prueba, que él no realizó, para profundizar otras «sendas de investigación».
«Es verdad que algunos de esos trayectos se emprendieron», afirmaron los camaristas. «Sin embargo -prosiguieron-, también debe reconocerse que, pese a darse inicio al recorrido trazado, en lo que respecta a la situación procesal de Macri el legajo ha quedado muy lejos de examinar a fondo todas sus aristas, como entonces se encomendó.» En concreto, afirmaron que no se había investigado «la actividad de la empresa Ackerman Group y al sindicado Richard Ford». Ackerman es una compañía de seguridad a la que Franco Macri, padre de Mauricio, dijo haberle encomendado que investigara a su yerno, Néstor Leonardo, uno de los espiados en este caso. Las escuchas de sus llamadas configuran un cargo central contra Macri.
Los camaristas relataron que Oyarbide había pedido información a los Estados Unidos sobre la firma, pero no la entregaron y, en cambio, le pidieron más datos para resolver el pedido. Según la Cámara, Oyarbide no lo hizo y obtener esos datos resulta ahora importante. Cuando anuló el cierre de la etapa de instrucción de la causa contra Macri, Casanello sostuvo que faltaba profundizar esta línea y dispuso medidas.
También dijo entonces que después de la confirmación del procesamiento por la Cámara se había «modificado el escenario». Lo mismo afirmaron ayer los camaristas. Sostuvieron que, antes, la hipótesis de la investigación era que Ciro James había sido contratado en el Ministerio de Educación porteño porque Macri lo había «insertado» allí para darle un sueldo y que se dedicara, en realidad, a hacer inteligencia. Pero que después se corroboró una relación entre James y el entonces ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, y esto «operó un significativo cambio de escenario», lo que les hizo afirmar que Macri ya no detentaría «el protagonismo exclusivo» que creían.
La defensa de Macri se mostró muy conforme con el fallo, a pesar de que el jefe de gobierno sigue procesado. El fallo de Casanello, confirmado, sostuvo que por el momento no hay pruebas suficientes en su contra; no obstante, la defensa no dio señales hasta ahora de que vaya a pedir el desprocesamiento.
La decisión de ayer retrotrae la situación de Macri a mayo de 2012. Seguirá procesado, pero con la tranquilidad de que los camaristas que habían confirmado su procesamiento ahora creen que por el momento no hay pruebas que lo comprometan.